jueves, 5 de febrero de 2009

IMPUTARÍAN A PALACIOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD



TODO LLEGA

En el año 2006 el Secretario General de la CGT Zárate-Campana y máximo representante sindical de los trabajadores químicos locales  hace 33 años, Nelson Hector Palacios, había querellado  a dos sobrevivientes de la última dictadura militar -Lidia Biscarte y Alberto Calvo- y al periodista Pablo Milanesi, adjudicándoles  el delito de "Calumnias e injurias" solicitando para los tres la pena máxima de prision establecida en la ley para ese delito. 

Calvo y Biscarte fueron adecuadamente defendidos en esa querella por el Defensor Oficial puesto por el Juzgado, Dr. Flavio Aguila, ya que se negaron a contratar abogados particulares. En el año 2007 se declara la incompetencia de la Jueza de CampanaRaquel Slotolow en los dichos publicados en los medios gráficos  La Posta y La Nacion, ya que ambos están impresos en Capital Federal. 
Palacios para evitar el cambio de fuero hacia Capital Federal declinó la querella contra Milanesi 
( Director de La Posta y editor de Zi, que había publicado las cartas junto a las declaraciones de los sobrevivientes por primera vez en febrero del año 2000, dandole la palabra al propio Palacios para que haga su descargo) para proseguirla en Campana sólo contra Calvo y Biscarte ya que ambos  también habían presentado copias en el HCD local de cartas presuntamente intercambiadas entre el Sindicato Quimico y el Area Delta 400, sede de la represion zonal, de donde surgiría la activividad delatora de  los jefes sindicales  respecto de trabajadores que hoy continúan desaparecidos. 
Ahora
 esa segunda querella también quedó suspendida por la Jueza Slotolow ante la ratificacion de las denuncias que Calvo y Biscarte realizaron en el Juzgado Federal de San Martín, -donde se llevan todas las causas que investigan violaciones a los derechos humanos en la zona Zárate-Campana durante la dictadura-, involucrando al sindicalista en la delacion de trabajadores químicos que luego fueron secuestrados y desaparecidos a partir del 24 de marzo de 1976. 
"Mis propios captores militares me revelaron que me habían entregado los sindicalistas químicos", declaró siempre el obrero químico  Calvo, quien en 1976 compartió con Biscarte el pasaje por los centros clandestinos de detencion de la Comisaría de Zárate, el barco ARA Murature, la Fabrica Militar "El Tolueno" y el Tiro Federal de Campana, entre otros. Los ex detenidos-desaparecidos Biscarte y Calvo están patrocinados por el periodista y abogado Pablo Llonto (*), quien presentó la ampliacion de denuncias en el Juzgado Federal de San Martín en el mes de diciembre, cuando todavìa estaba a cargo del mismo Alberto Suarez Araujo. Suarez Araujo renunció a la magistratura a fin del 2008 para acogerse a los beneficios jubilatorios, beneficio que le fue concedido hace unos días..

Ahora está a cargo del Juzgado  el Dr. Juan Manuel Yalj como Juez Subrogante, hasta tanto se sustancie el concurso correspondiente mediante el Consejo de la Magistratura.
Las causas que investigan el circuito represivo Zárate-Campana-Escobar comenzaron junto a la CONADEP en 1984, sufrieron el retraso de las denominadas "Leyes de Olvido" dictados por los gobiernos de Alfonsín y Menem, pero retomaron impulso en el 2004 cuando la Secretaría de DDHH de Bs As se presentó como querellante ante el Juzgado Federal de Federico Efrain Faggionatto Marquez.

Ya en el año 2008, luego de un conflicto de competencias, la tramitación de todos los expedientes del norte del conurbano hasta Zárate inclusive - la Zona 4 en la nomenclatura represiva- , se unifican en el Juzgado de San Martín, donde se sustancian alrededor de 312 casos , 56 de los cuales cuentan con querellantes que impulsan las causas, como en el caso de Biscarte y Calvo.

Luego de la designacion de Yalj y ante la constante aparición de nuevas víctimas, tanto la Comisión Campo de Mayo como la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia solicitaron a la Procuración la creación de una unidad especial con un equipo de trabajo abocado a los casos de la ex Zona IV, para que se aceleren las citaciones a indagatorias a procesados e imputados, entre los que se halla Palacios.
El procurador 
Esteban Righi no accedió aún al pedido de crear una unidad especial pero nombró como fiscales coadyuvantes deMarcelo García Berro, para actuar ante el Tribunal Oral Federal No 1 de San Martín, a Juan Patricio Murray, fiscal federal de San Nicolás, y a Javier De Luca, fiscal general ante los Tribunales Orales Federales porteños.

"Mera coincidencia"

Como se ha informado con anterioridad en este sitio, los abogados que defienden a Nelson Palacios son al menos 4: Mario Edgardo MItre (Zárate) y Juan Carlos Arias (Campana), abogados tradicionales de los sindicatos más poderosos de la CGT zonal, y el estudio capitalino de Fernando Archimbal y Carlos López Lujan, quienes tienen una generosa cartera de clientes.
Entre ellos, se incluiría ahora al 
General Eduardo Alfonso, ex Secretario Genral del Ejército durante el menemismo, quien quedara detenido en diciembre último luego de declarar ante el Juez Suáres Araujo. Si bien Alfonso no figuraba en la CONADEP como partícipe de violaciones a los DDHH, una foja de su propio legajo personal lo llevó a la cárcel. El cruce de datos permitió identificar a Alfonso como uno de los participantes del operativo del 12 de enero de 1977 en Villa Adelina, cuando una patota militar sin uniforme secuestró a Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, quien fue vista en el campo clandestino de concentración que funcionó en Campo de Mayo y de la que no volvió a saberse. (**)


(*) Pablo Llonto fue despedido sin causa del diario  Clarìn en 1991 cuando era delegado gremial. Sus compañeros lo siguieron eligiendo como delegado durante 8 años más, aun cuando se hallaba fuera de la empresa y con prohibicion de entrada. 
Luego ya como abogado representò a familiares de vìctimas del terrorismo de estado:  gracias a sus gestiones se debiò la encarcelaciòn de Luis Abealrdo  Patti, entre otros represores. Autor de la única biografía no autorizada de la dueña del Grupo Clarín, - 
"La noble Ernestina"-, en una entrevista antològica por parte de Magdalena Ruiz Guiñazù, esta  quedó muy fuera de foco  al hablar Llonto tambièn de los bebes adoptados por la Señora de Noble, y que habrían  sido robados a sus padres,  desaparecidos por la represion. Puede escuchar la nota radial aquí.

(**) El 12 de enero de 1977, efectivos del Ejército vestidos de civil irrumpieron en la casa en la que vivían Antonio Domingo García y Beatriz Recchia, en Villa Adelina. Los vecinos relataron que participaron del operativo unos treinta militares y que se produjo un tiroteo en el lugar. Domingo García fue asesinado. Beatriz Recchia, que estaba embarazada de cinco meses, fue secuestrada y llevada al Campito, el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese sitio la identificaron como “La Tina”, “de pelo lacio, de ojos claros, que estaba con un embarazo muy avanzado, a punto de tener familia”. No hubo más noticias de la mujer y del niño o niña que parió en cautiverio. En la vivienda de Villa Adelina también estaba Juliana Inés, de tres años, la hija mayor del matrimonio, que fue entregada a su abuela materna ese mismo día.

La información que surge del legajo personal de Alfonso y del Boletín del Ejército 4148 fue aportada a la causa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo. Con estos datos, Alan Iud, abogado de Abuelas, reclamó la citación de Alfonso. El ex secretario general del Ejército en tiempos de Ricardo Brinzoni faltó a la primera cita en la Justicia. Ayer concurrió acompañado por su abogado y algunos familiares entre los que intentó esconderse para no ser reconocido.

Alfonso fue la mano derecha del ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni y su principal espada en el ataque a los Juicios por la Verdad o a todo intento de avanzar en el camino de la justicia para los crímenes de lesa humanidad. El fue quien en 2001 recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran un recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos informaran qué datos tenían sobre 663 oficiales. El abogado que encabezaba el escrito como representante del Ejército era Juan Torres Bande, quien era apoderado y dirigente de la organización neonazi de Alejandro Biondini, Nuevo Triunfo.(FUENTE zárate informa)

EL CIUDADANO: El año pasado, debido a un muy mal asesoramiento jurídico, y a algunos personajes que tendría que haber estado y dieron vuelta la cara(algún día hablaré de eso) tuve el penoso deber que tener que rectificarme y decir: "No me consta, que haya entregado compañeros durante la dictadura". Aunque no me rectifique en que me parece nefasto que este personaje tenga un nombre que le rinde honor en la escuela 23, como tampoco me rectifique de haberme opuesto con otros compañeros a que ingresara a la CTA; apañado en su momento por Hugo Yasky. Palacios pertenece a lo peor de nuestro pasado, mientras algunos compañeros peleaban, eran desparecidos por la dictadura, Palacios; "que no me consta que haya entregado compañeros", fue un "espectador necesario", dentro de un sindicato que ni siquiera fue intervenido por la dictadura cuando en Zárate los delegados de bases eran entregados, "quien sabe por quien". Todo llega, ojalá sea el tiempo de la justicia.

1 comentario:

Ariel Frick dijo...

Hola, Luis
Como todo lo que hacés, esté de acuerdo o no, me parece interesante, esta información sobre el compañero Palacios. Un solo detalle: si podés y tenés tiempo, fijate si se puede usar una tipografía no menor a 10, ya que se me hace dificil leer cuando la letra es muy chiquita. Seguí con el blog, que es muy importante para muchos.
Ariel Frick