lunes, 4 de agosto de 2008



Bussi ante la justicia, Juzgan el genocidio en Tucumán, tarde y en forma incompleta



Por: Marcos Taire (desde Tucumán especial para ARGENPRESS.info)Fecha publicación: 04/08/2008



APESAR DE QUE EL KIRCHNERISMO HACE GALA DE SER EL CAMPEÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS; Y SER EL ÚNICO QUE JUZGA A LOS GENOCIDAS-OLVIDANDOSÉ DEL JUICIO A LOS COMANDANTES- MARCOS TAIRE ANALIZA PARA ARGENPRESS POR QUE ES TARDÍO E INCOMPLETO EL JUICIO AL DICTADOR, Y EX GOBERNADOR EN DEMOCRACIA: ANTONIO DOMINGO BUSSI. QUE EN BUENA HORA TIENE SU TIEMPO DE JUSTICIA Y CASTIGO.(EL CIUDADANO)


El genocida Antonio Domingo Bussi será sentado mañana por primera vez en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público por violación de domicilio, violación de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado con ensañamiento y alevosía y asociación ilícita. Junto a Bussi estará su jefe -y por ende responsable de los mismos delitos- en los años del terrorismo de estado, Luciano Benjamín Menéndez.Bussi llega al juicio oral tres décadas después de haber cometido miles de crímenes en Tucumán. El instrumento para llevarlo al juicio oral y público que seguramente lo condenará fue el secuestro y posterior desaparición de un senador peronista la madrugada del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. La víctima, Guillermo Vargas Aignasse, fue arrancado de su hogar a las 3,30 de la madrugada por una patota de encapuchados -militares y policías- y llevado a la Jefatura de Policía de la Provincia, donde ya funcionaba -en el marco de la Operación Independencia- un centro clandestino de detención desde varios meses atrás. Allí fue brutalmente torturado y posteriormente fue trasladado a la Cárcel de Villa Urquiza. En ese lugar fue visto por familiares y otros testigos, quienes declararon que se encontraba en muy mal estado físico. El día 5 de abril Vargas Aignasse y otro detenido, el dirigente estudiantil Pedro Rubio, habrían sido sacados en una camioneta, supuestamente para conducirlos a sus hogares y ser dejados en libertad. Los militares dijeron al día siguiente que el vehículo fue abordado por un grupo guerrillero que los secuestro y nunca más se supo de ellos. Obviamente, la historia inventada por los represores es una más de las miles que difundieron para fraguar enfrentamientos, combates, escaramuzas, etc. de una guerra que nunca existió.Ayer el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde presidió un acto en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga en el cual quedó inaugurado un monumento que simboliza la verdad, la justicia y la memoria. 'A las víctimas, el homenaje; a los genocidas, la cárcel', dijo Duhalde al hablar ante el público que asistió al acto, en las afueras de San Miguel de Tucumán.Los familiares y los defensores de Bussi intentaron hasta último momento evitar la presencia del genocida en la sala donde se desarrollará el juicio oral y público. Utilizaron para ello todos los argumentos legales y las chicanas procesales conocidas, pero finalmente el Tribunal Oral integrado por los doctores Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi falló en su contra y ordenó que el imputado esté presente mañana 5 de agosto en el inicio del juicio. Bussi -al igual que Menéndez- tiene la obligación de estar presente durante la lectura de la acusación, los alegatos y la sentencia. Ambos pueden, mientras los testigos ofrezcan sus versiones de los hechos, ausentarse de la sala, pero deben permanecer en un salón contiguo, acondicionado al efecto, por si es requerida su presencia.Alrededor de 150 personas están autorizadas a presenciar las audiencias, en tanto una treintena de periodistas fueron acreditados para cubrir el juicio. Canal 7 transmitirá en vivo para todo el país el inicio del juicio y posteriormente los alegatos y la sentencia, en tanto grabará todo el desarrollo de las audiencias. Un total de 27 testigos fueron citados a declarar. Las sesiones se llevarán a cabo los martes, miércoles y jueves y las autoridades del tribunal estiman que el 21 de agosto serán los alegatos y el 31 de este mes se conocerá la sentencia.En una desesperada maniobra de distracción, el bussismo difundió los últimos días versiones para enrarecer y enturbiar el juicio. Haciendo gala de una inmoralidad absoluta y contando para ello con amigos y aliados en los medios de comunicación, algunos de ellos fervorosos defensores de la dictadura militar, otros, cómplices del genocidio, difundieron supuestas cuestiones personales que habrían sido los motivos para la desaparición de Vargas Aignasse. El genocida Bussi, mientras tanto, en una declaración efectuada el 14 de noviembre de 2003, había ya tratado de ensuciar a la víctima, afirmando que durante su cautiverio había delatado 'casas montoneras' y que por eso mismo había sido secuestrado por sus 'compañeras de ruta'.El doctor José María David, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisó hoy a Bussi y comunicó al Tribunal Oral Federal que está en condiciones de asistir al juicio.Las supuestas razones de salud, la edad y las depresiones que sufre el 'anciano' fueron esgrimidas en todo momento por sus familiares y defensores. Lo cierto es que su cobardía se expresa de mil maneras y es por todos sabido que no tiene ni coraje ni valentía ni honor para afrontar la situación. Por eso mismo no se descarta alguna 'actuación' que le permita evitar su presencia en la audiencia inaugural del juicio oral.El genocidio en el 'Jardín de la República'La provincia de Tucumán fue la primera que sufrió los embates del terrorismo de Estado. Además, las investigaciones que se profundizaron a partir de la derogación de las leyes de impunidad, prueban que fue -proporcionalmente- uno de los lugares donde hubo mayor cantidad de crímenes.La represión se inició en Tucumán a mediados de 1974, cuando por iniciativa del entonces comandante de la Quinta Brigada de Infantería, Luciano Benjamín Menéndez, se creo un grupo terrorista clandestino con sede en la Jefatura de Policía de la provincia. Integrado por policías, civiles y militares del Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército, sembró el terror en Tucumán, colocando bombas casi todas las noches, secuestrando, torturando y asesinando a dirigentes obreros y estudiantiles. Ese grupo creó el clima que la acción psicológica de la Inteligencia Militar necesitaba para arrancar del gobierno de Isabel Perón la autorización para la intervención militar.El 9 de febrero de 1975 comenzó la Operación Independencia. Su jefe, un alienado general llamado Adel Vilas, instaló un campo de concentración en una escuelita rural de Famaillá, donde -según sus propias declaraciones- fueron atormentados más de 1500 tucumanos y la mayoría son hoy desaparecidos. Vilas no dudó, para sembrar el terror en la provincia, arrojar personas -vivas y muertas- desde helicópteros y hasta depositar cadáveres en paseos públicos, incluida la céntrica Plaza Independencia, frente a la casa de gobierno.A la criminalidad pública de Vilas le sucedió, en diciembre de 1975, Antonio Domingo Bussi. En poco tiempo clandestinizó aun más la represión y construyó un campo de concentración y exterminio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, al estilo de los campos de los nazis en la segunda guerra, con barracas para alojar y torturar prisioneros, doble alambrado perimetral, mangrullo y reflectores. Un sobreviviente de ese lugar testimonió ante la justicia que en el año en que él permaneció secuestrado, en ese lugar asesinaron entre 800 y 1.000 personas.En casi un millar de causas que se tramitan ante la justicia, han sido citados por sus nombres decenas de militares, agentes de seguridad, gendarmes, policías y civiles que integraron las patotas secuestradoras y los grupos de torturadores -pomposamente llamados en la jerga represiva 'interrogadores de prisioneros de guerra'- que asolaron Tucumán en la década del 70.El juicio a Bussi es el primero que se realizaría y, si bien puede servir para mostrar y demostrar el horror vivido por los tucumanos y confirmar la aplicación del terrorismo de Estado que diezmó al movimiento popular de la provincia, es insuficiente para juzgar si no a todos, a una porción significativa de los criminales y sus cómplices, que hoy transitan las calles, ejercen sus profesiones, son funcionarios, periodistas, etc.

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